lunes, 18 de febrero de 2019

Inteligencia fiscal, la brújula de los gobiernos para el buen aprovechamiento de sus presupuestos




Por Mauricio González, Director Comercial de SAS México



A nadie le gusta pagar impuestos. Y no son pocos los contribuyentes -personas físicas y morales- que buscan formas de declarar ingresos más bajos que los reales con tal de desembolsar lo menos a las autoridades fiscales (como al Sistema de Administración Tributaria).



De hecho, estas organizaciones son las más vulnerables a una serie de malas prácticas: desde el robo de identidad y la evasión, hasta deducciones ficticias e incumplimiento de pagos.



En México, un estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) reveló pérdidas por fraude y abuso en materia fiscal por $510 mil 92 millones de pesos en 2017.



La ubicuidad de sistemas informáticos legados dificulta detectar actividades ilegales debido a la incapacidad de cruzar información con distintas bases de datos, identificar patrones de comportamiento (como el de grupos dedicados al lavado de dinero y el crimen organizado), además de generar altos índices de “positivos falsos”.



Los auditores llegan a tardar hasta tres años en descubrir que un contribuyente declaró información errónea y solicitó una devolución de impuestos muy alta. Situación que se agrava si se considera que pueden ser miles o millones de casos similares.



En su reporte “Panorama del uso de las tecnologías y soluciones digitales innovadoras en la política y la gestión fiscal”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que la tecnología tiene el potencial de ayudar enfrentar dichos retos. Específicamente, según este organismo, las recientes innovaciones permiten superar las actuales limitaciones, reducir las barreras y los costos de acceso a información relevante, oportuna y confiable.



Evidentemente, los organismos encargados de administrar y distribuir los recursos pagados por los ciudadanos y empresas no van a deshacerse de la infraestructura y sistemas desarrollados a lo largo de los años, pero sí están añadiendo nuevas tecnologías y capas de software analítico.



De hecho, los responsables de investigar y dar seguimiento a casos de incumplimiento y evasión potenciales se arman de las herramientas necesarias para identificar anomalías y patrones -mediante técnicas de visualización y análisis.



Con ellas extraen información histórica y relevante de distintos sistemas, de fuentes de datos no estructurados y aplicaciones para llevar a cabo, cerca del tiempo real, pesquisas sobre casos sospechosos de evasión y fraude; y lo hacen de forma eficaz sin afectar la recaudación.



Este esfuerzo se fortalece al añadir componentes de analítica predictiva, Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML), lo que deja en manos de las computadoras tareas fundamentales como el análisis profundo de enormes volúmenes de datos, facilitando así el reconocimiento de evasores, defraudadores y grupos delictivos que buscan aprovechar las debilidades de los sistemas financieros gubernamentales.



Un trabajo colaborativo

La evolución hacia una inteligencia fiscal asegura que los gobiernos en todos sus niveles -federal, estatal y municipal- cuenten con los recursos necesarios para brindar los servicios que sus ciudadanos esperan y llevar a cabo proyectos de desarrollo económico y social.



En la inteligencia fiscal participan diferentes actores, cuyo rol determina el éxito de una iniciativa de esta magnitud. Por ejemplo, el trabajo coordinado de directores de Analítica y Datos (CAO y CDO), científicos de datos, jefes de Innovación, e investigadores especializados tendrá como resultado mayores niveles de recaudación, y una vigilancia cercana del cumplimiento cabal por parte de los contribuyentes.



La inteligencia regulatoria también deja a los ciudadanos tener mucho más claro a qué iniciativas se destinan los impuestos que pagan. Específicamente, son de capaces evaluar la mejora de los servicios públicos que les proporciona el estado, el fortalecimiento de la infraestructura crítica, una rendición de cuentas clara, y programas sociales más efectivos.



Para el gobierno, puede ser una brújula que le indique cómo administrar sus presupuestos, y destinarlos a las necesidades prioritarias del país e impulsar su crecimiento.

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