El crimen organizado explota la conectividad y la tecnología para cometer delitos digitales


Imagen: Zdzisław Beksiński


Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker y líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.


  • En 2024, las estafas a consumidores en México aumentaron un 320% en comparación con el año anterior.
  • Alrededor del 65.5% de los consumidores reportaron haber sido víctimas de fraude.
  • Hay 13,429 casos de fraude por cada 100,000 habitantes, superando a otros delitos como el robo
  • Las estafas más frecuentes incluyen técnicas de phishing, vishing y smishing, utilizadas para obtener información personal, con un impacto económico promedio de $9,780 pesos mexicanos por persona afectada.


Es un hecho, en México, la creciente conexión de la sociedad a Internet está siendo aprovechada por el crimen organizado. Por ejemplo, la unidad de investigación de SILIKN ha identificado que diversos grupos delictivos han instalado centros de llamadas en distintas partes del país, desde los cuales llevan a cabo estafas tanto en línea como por teléfono.

El crecimiento de la banca en línea en México ha facilitado que los delincuentes cometan robos de manera remota, persuadiendo a las víctimas para que realicen transferencias de dinero o compartan información confidencial mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos. Como resultado, los delitos virtuales se han vuelto cada vez más frecuentes en el país, incluso cuando otros tipos de crímenes han disminuido. Sin embargo, los delitos contra la propiedad, como los robos, y los crímenes violentos, como los homicidios, continúan presentes en México, mientras que las estafas virtuales siguen en aumento, afectando a una sociedad cada vez más conectada.

El fraude ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años, según un análisis de la unidad de investigación de SILIKN. En 2024, las estafas a consumidores en México aumentaron un 320% en comparación con el año anterior, y alrededor del 65.5% de los consumidores reportaron haber sido víctimas de fraude. El estudio también reveló una tasa de 13,429 casos de fraude por cada 100,000 habitantes, superando a otros delitos como el robo, y atribuyó este fenómeno al crecimiento del 250% en el uso de la banca móvil entre 2018 y 2024. Las estafas más frecuentes incluyen técnicas de phishing, vishing y smishing, utilizadas para obtener información personal, con un impacto económico promedio de $9,780 pesos mexicanos por persona afectada.

Aunque el fraude en general sigue en aumento en México, las estafas en línea, como los correos electrónicos de phishing que engañan a las personas para instalar malware y robar sus identidades, son las que están creciendo con mayor rapidez. Entre 2023 y 2024, este tipo de fraude aumentó un 40.8%.

Esta tendencia se agravó durante la pandemia de COVID-19, ya que, al estar las personas confinadas en sus hogares y muchas industrias, como la bancaria, migrar a plataformas en línea, los delincuentes siguieron a sus víctimas. La pandemia aceleró la digitalización y la inclusión digital, lo que ha provocado que tanto el gobierno como las instituciones no hayan podido mantener el ritmo de los delitos cibernéticos. A diferencia de las autoridades, que deben seguir leyes y crear procesos y regulaciones, los delincuentes actúan sin restricciones y se adaptan rápidamente para cometer sus crímenes.

En este contexto, los grupos criminales han visto en el fraude virtual una alternativa conveniente y económica para sus actividades, ya que, a diferencia de un robo, que puede requerir armas y un vehículo de escape, las estafas en línea no implican esos riesgos. En un robo tradicional, la policía puede comenzar a analizar imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos y rastrear los vehículos involucrados, mientras que el fraude virtual permite a los delincuentes actuar con mayor anonimato y a menor costo.

Las estafas virtuales, en cambio, sólo requieren una conexión a Internet. Una simple llamada telefónica o un correo electrónico puede ser suficiente para persuadir a alguien de transferir dinero, y aunque la tasa de éxito sea baja, es posible atacar a miles de personas en poco tiempo. Cualquier persona que navegue por Internet se convierte en un posible blanco, y estos delitos pueden llevarse a cabo desde lugares lejanos a sus víctimas. Además, rastrear a los responsables de estos crímenes es complicado, y la falta de habilidad en la recolección de evidencia digital, sumada a la escasa atención que las autoridades prestan a los delitos no violentos, hace que muchos delincuentes queden impunes.

No obstante, los mundos físico y virtual suelen entrelazarse. Para el crimen organizado, los teléfonos inteligentes se han convertido en una puerta de acceso al ámbito delictivo virtual. Aunque los crímenes callejeros son cada vez más detectados, la alta demanda de teléfonos ha generado un aumento en los robos no violentos de dispositivos móviles. A nivel nacional, el número de teléfonos robados ha incrementado de manera constante, registrando un aumento del 76.8% entre 2022 y 2024.

Un aspecto importante a destacar es que, a medida que el crimen organizado descubre más oportunidades en el entorno digital, los adolescentes con habilidades tecnológicas están ingresando al submundo de la ciberdelincuencia. Además de formar sus propios grupos, estas organizaciones criminales pueden estar reclutando a jóvenes para potenciar sus operaciones en línea. La unidad de investigación de SILIKN ha notado un incremento en la participación de adolescentes en estafas virtuales, ya que su alfabetización digital supera a la de muchos líderes criminales. Asimismo, muchos jóvenes están abandonando los delitos en las calles para involucrarse en actividades delictivas en línea, donde tienen menos posibilidades de ser capturados.

Otro aspecto importante a destacar son las cárceles de México, que durante mucho tiempo han sido centros de actividad del crimen organizado y ahora están saturadas de teléfonos móviles, permitiendo a los delincuentes llevar a cabo estafas mientras cumplen sus condenas. La tecnología ha facilitado la comunicación desde cualquier lugar, y los teléfonos cada vez más pequeños son difíciles de detectar. En algunas cárceles, se dice que hay más teléfonos móviles que reclusos, ya que los internos continúan con sus operaciones de ciberdelincuencia tras las rejas.

La disponibilidad de smartphones permite a los convictos realizar estafas virtuales y extorsionar a personas desde dentro de la prisión. En un método común de extorsión, los delincuentes obtienen información personal de una víctima y se comunican con uno de sus familiares fuera del penal, afirmando que la persona ha sido secuestrada y exigiendo un pago a cambio de su liberación. En estos casos, existen vacíos legales que dificultan la aplicación de sanciones adicionales al extorsionador si se descubre que ya está encarcelado.

Las autoridades mexicanas han considerado la instalación de bloqueadores de señal en las prisiones para frenar el uso de teléfonos móviles por parte de los internos. Aunque muchos policías apoyan esta medida, los fiscales que se enfocan en desmantelar redes criminales advierten que podría obstaculizar investigaciones que dependen de escuchas telefónicas y vigilancia dentro de las cárceles, ya que obtienen información crucial de los grupos delictivos a través de estos métodos, los cuales dejarían de funcionar con los bloqueadores.

En conclusión, es crucial tener en cuenta estos aspectos al redactar iniciativas de leyes de ciberseguridad, ya que muchas de ellas carecen de un análisis profundo sobre los diversos delitos digitales que continúan en aumento y que afectan a toda la sociedad. Abordar este tema con mayor profundidad es esencial para desarrollar estrategias efectivas que protejan a la ciudadanía frente a la creciente amenaza de la ciberdelincuencia.

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