El gobierno promete modernización con la CURP biométrica pero sigue sin explicar cómo protegerá los datos ciudadanos
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Imagen: Zdzisław Beksiński
En un esfuerzo por modernizar el sistema de identificación ciudadana y combatir problemas persistentes como el robo de identidad, el fraude y la duplicidad de registros, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha lanzado la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica. Este nuevo documento, que sustituirá a la CURP tradicional, busca transformar la manera en que los ciudadanos se relacionan con servicios públicos y privados.
La CURP biométrica se presenta como un documento oficial de identidad disponible tanto en formato físico como digital. Mantiene la estructura alfanumérica de 18 caracteres de la CURP convencional, pero añade información biométrica como huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía y firma digital. Su propósito principal es garantizar una identificación única y segura, reduciendo drásticamente el riesgo de suplantación de identidad y facilitando el acceso a trámites en sectores como educación, salud, servicios financieros y programas sociales.
A diferencia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), que seguirá vigente para fines electorales, la CURP biométrica está destinada a convertirse en el documento primario de identidad en México, siendo obligatoria para la mayoría de los trámites oficiales a partir del año 2026.
La adopción de la CURP biométrica comenzó con pruebas piloto en julio de 2025 en distintos municipios de Veracruz (Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima), así como en módulos seleccionados de la Ciudad de México y el Estado de México. El calendario oficial establece las siguientes fases:
- Octubre de 2025: Inicio del trámite voluntario y gratuito en 145 módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) y oficinas del Registro Civil en todo el país.
- Enero de 2026: Apertura del trámite para el público en general en módulos habilitados.
- Febrero de 2026: Todos los módulos a nivel nacional estarán operativos y la CURP biométrica será obligatoria para trámites oficiales, reemplazando por completo a la versión tradicional.
En este sentido, el trámite para obtener la CURP biométrica podrá realizarse de dos formas:
- Presencial: En módulos del Registro Civil o en instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), como la ubicada en la calle Londres en Ciudad de México. En el caso de menores de edad, será necesaria la presencia de un padre o tutor legal con identificación oficial.
- Digital: A través de la plataforma Llave MX, para quienes ya tengan datos biométricos registrados y otorguen su consentimiento.
A raíz de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de julio de 2025, se estableció un plazo de 90 días para poner en marcha la Plataforma Única de Identidad, un sistema centralizado encargado de gestionar y validar los datos biométricos de la población.
La CURP biométrica se distingue por una serie de elementos que apuntan a reforzar la seguridad y eficiencia del sistema de identidad:
- Incorporación de datos biométricos: Incluye huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía y firma digital, lo que permite una verificación precisa y única de la identidad de cada ciudadano.
- Consentimiento ciudadano: Aunque el uso de la CURP biométrica será obligatorio para trámites desde 2026, la recolección de datos biométricos requiere el consentimiento expreso del ciudadano.
- Protección de datos: Tanto la Secretaría de Gobernación como el Renapo están obligados a cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. El uso indebido de la información puede acarrear sanciones de hasta 2 millones de pesos, equivalentes a entre 10,000 y 20,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
- Plataforma Única de Identidad: Esta herramienta permitirá monitorear en tiempo real los registros de identidad, detectar irregularidades y contribuir a la localización de personas desaparecidas.
De esta forma, la introducción de la CURP biométrica promete avances significativos en varios frentes:
- Mayor seguridad: La vinculación entre identidad jurídica y biometría minimiza el riesgo de suplantaciones y fraudes.
- Eficiencia administrativa: La CURP biométrica unifica procesos al ser válida en todo el territorio nacional, eliminando la necesidad de múltiples documentos.
- Fortalecimiento de políticas públicas: La base de datos centralizada permitirá una mejor planeación gubernamental y contribuirá a combatir fenómenos como la desaparición forzada.
- Avance en digitalización: Su integración con la plataforma Llave MX facilita la realización de trámites en línea, reduciendo la burocracia.
No obstante, a pesar de sus beneficios, la CURP biométrica ha generado diversas inquietudes entre especialistas, organizaciones civiles y sectores de la población. Estos son los principales focos de preocupación:
1. Privacidad y protección de datos
- Filtraciones de información biométrica: La naturaleza sensible de los datos recopilados (huellas, iris, fotografía) los convierte en un objetivo atractivo para cibercriminales. Casos anteriores, como filtraciones del padrón electoral o bases de datos del INE, agravan la preocupación.
- Uso indebido: Existen temores de que la información biométrica sea utilizada para vigilancia no autorizada, monitoreo político o incluso comercialización por terceros.
- Falta de transparencia: No hay claridad sobre los mecanismos de resguardo, almacenamiento y gestión de los datos, lo que genera desconfianza hacia las autoridades responsables.
2. Ciberseguridad y fallos tecnológicos
- Vulnerabilidad ante ciberataques: La digitalización mediante Llave MX y la centralización de datos elevan el riesgo de incidentes cibernéticos que comprometan la identidad de millones de ciudadanos.
- Infraestructura deficiente: La carencia de sistemas sólidos de ciberseguridad en algunos módulos podría facilitar brechas. México ha enfrentado ataques previos a instituciones públicas que evidencian esta fragilidad.
- Dependencia tecnológica: La implementación depende de tecnologías avanzadas; cualquier falla técnica podría afectar servicios esenciales.
3. Inequidad en el acceso
- Brecha digital: Regiones rurales o marginadas con baja conectividad pueden quedar excluidas del sistema, lo que afectaría a poblaciones vulnerables.
- Barreras logísticas: La limitada disponibilidad inicial de módulos podría generar saturación y dificultar el acceso, especialmente en zonas apartadas.
- Costos indirectos: Aunque el trámite es gratuito, los gastos de traslado y tiempo pueden representar una carga económica para personas con bajos ingresos.
4. Consentimiento y obligatoriedad
- Percepción de imposición: Aunque se afirma que el registro biométrico es voluntario, su obligatoriedad para trámites puede interpretarse como una presión encubierta.
- Falta de comprensión del consentimiento: En comunidades con bajo nivel educativo o escaso acceso a la información, puede no comprenderse plenamente el alcance de compartir datos biométricos.
5. Vigilancia y control estatal
- Monitoreo masivo: La centralización de información ha suscitado preocupaciones respecto a su uso para vigilar a la población, especialmente en contextos de protestas sociales o coyunturas políticas.
- Posible uso indebido en desapariciones forzadas: Aunque la CURP biométrica se promueve como herramienta para localizar personas desaparecidas, existe temor de que pueda ser usada para rastrear activistas o disidentes.
- Desconfianza institucional: La reputación de la Secretaría de Gobernación y del Renapo respecto a la ética en el manejo de datos no es unánimemente positiva, en parte por antecedentes de opacidad.
6. Impacto en grupos vulnerables
- Niños y niñas: La recopilación de datos biométricos desde edades tempranas plantea dudas éticas sobre el consentimiento y el uso futuro de esa información.
- Personas sin documentos previos: Aquellos que carecen de acta de nacimiento o CURP tradicional pueden encontrar obstáculos adicionales para registrarse.
- Comunidades indígenas y rurales: La falta de atención lingüística o geográfica podría agravar la exclusión de ciertos grupos sociales.
7. Preparación institucional y comunicación
- Desinformación: La confusión sobre la CURP biométrica, su relación con la plataforma Llave MX y su diferencia con la credencial del INE ha generado incertidumbre.
- Falta de capacitación: El personal encargado del trámite podría no estar adecuadamente preparado para operar tecnologías biométricas, lo que derivaría en errores o retrasos.
- Cronograma ajustado: La fecha límite de febrero de 2026 para implementar completamente el sistema es ambiciosa, y cualquier retraso podría afectar su obligatoriedad.
8. Costos económicos y logísticos
- Alta inversión inicial: El despliegue de infraestructura tecnológica (módulos, escáneres, servidores) requiere una inversión considerable, cuyo financiamiento aún no es del todo claro.
- Mantenimiento a largo plazo: La actualización constante y protección de los sistemas podría representar un desafío financiero sostenido para el gobierno.
La CURP biométrica representa un avance significativo hacia la modernización del sistema de identidad en México, con el potencial de mejorar la seguridad, eficiencia y digitalización de los trámites. Sin embargo, los desafíos que enfrenta son igualmente importantes: filtraciones de datos, riesgos de vigilancia, exclusión de sectores vulnerables, desinformación y limitaciones técnicas.
Hasta el momento en que se elaboró este artículo, el gobierno no ha detallado de forma clara cómo se resguardarán los datos biométricos ni qué sistemas o medidas de seguridad se implementarán para prevenir que esta información sea vulnerada y utilizada con fines ilícitos, lo que podría poner en riesgo a la ciudadanía al convertirla en blanco de cibercrimen, tomando en cuenta que, además, existen antecedentes lamentables de ciberataques contra dependencias del gobierno mexicano que han resultado en vulneraciones a sistemas, robo y filtración de información sensible, así como en la comisión de fraudes, estafas y extorsiones derivadas de dichos incidentes.
Frente a este escenario, organizaciones de derechos digitales y expertos en privacidad han instado al gobierno a adoptar medidas concretas, como auditorías independientes, protocolos claros de protección de datos, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y campañas informativas accesibles.
Solo garantizando transparencia, seguridad, equidad y una comunicación efectiva con la ciudadanía podrá este ambicioso proyecto cumplir su propósito sin vulnerar los derechos fundamentales de los mexicanos.
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