El desafío en México del lavado de dinero con criptomonedas
Imagen: Ozy
Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst y líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.
En la actualidad, las criptomonedas se han convertido en una herramienta poderosa para el cibercrimen y los grupos delictivos organizados, como los cárteles de narcotráfico mexicanos. Estos grupos, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), lavan hasta 25,000 millones de dólares al año utilizando activos digitales como Bitcoin, Monero y Tether, según estimaciones de la ONU y la DEA.
En México, un país clave en las rutas del narcotráfico, el uso de criptoactivos para el lavado de dinero creció un 55.8% en 2025 respecto al año anterior, según un informe de la unidad de investigación de SILIKN. A pesar de los esfuerzos regulatorios del gobierno mexicano, persisten críticas por una aparente inacción frente a este problema.
El lavado de dinero con criptomonedas implica convertir fondos ilícitos en activos digitales que parezcan legítimos, aprovechando la descentralización y el anonimato relativo de la tecnología blockchain. Los criminales depositan dinero sucio en plataformas de intercambio, lo convierten en criptoactivos como Bitcoin, Monero (reconocida por su privacidad) o stablecoins como Tether, y luego los mueven a través de múltiples billeteras digitales o servicios de mezcla (mixers) para ocultar su origen. Aunque la blockchain es rastreable con herramientas analíticas avanzadas, el uso de plataformas con bajos estándares de verificación de identidad (KYC) y transacciones transfronterizas rápidas complica la tarea de las autoridades.
En el contexto del narcotráfico, las criptomonedas facilitan el lavado de ganancias y la compra de precursores químicos, como los utilizados para producir fentanilo, de proveedores en China. Según la unidad de investigación de SILIKN, el 97% de los laboratorios chinos que suministran precursores a cárteles mexicanos aceptan pagos en criptomonedas, con un 60% en Bitcoin y un 30% en la blockchain de TRON. Grupos cibercriminales, a menudo aliados con narcotraficantes, utilizan técnicas como phishing y malware para robar fondos digitales, que luego se integran en estas cadenas de lavado, reintegrando el dinero al sistema financiero tradicional a través de empresas legítimas o semilegítimas.
Diversas organizaciones, desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas (Pymes), son explotadas por el cibercrimen y el narcotráfico para lavar dinero con criptomonedas, actuando como fachadas o intermediarios, a veces de manera involuntaria y otras con complicidad interna. Las principales categorías incluyen:
- Plataformas de intercambio de criptomonedas y fintechs: Exchanges como Binance y plataformas peer-to-peer (P2P) como LocalBitcoins son atractivas debido a sus bajos requisitos de KYC en algunos casos. En México, las fintechs y otras instituciones de tecnología financiera que manejan pagos electrónicos y activos virtuales son vulnerables, ya que permiten conversiones rápidas de moneda fiduciaria a criptoactivos.
- Bancos e instituciones financieras tradicionales: Aunque el foco está en lo digital, bancos mexicanos como CIBanco han sido señalados en esquemas de lavado que combinan dinero fiat y criptomonedas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha sancionado a instituciones mexicanas por facilitar estos flujos. Además, bancos sombra chinos operan en redes transfronterizas con comisiones bajas (0.5–2%), integrando criptomonedas en el lavado para cárteles como el de Sinaloa.
- Empresas fantasma y Pymes: Los cárteles utilizan empresas fantasma y Pymes en sectores como el inmobiliario de lujo, casas de cambio de divisas (licenciadas o no) y el comercio informal, que representa el 60% del PIB mexicano, para abrir cuentas bancarias y convertir fondos en criptoactivos. El CJNG, por ejemplo, opera en más de 40 países a través de franquicias que incluyen Pymes en comercio y servicios.
- Proveedores internacionales y redes cibercriminales: Empresas chinas de precursores químicos reciben pagos en criptomonedas directamente de cárteles, con un aumento del 600% en ganancias digitales en 2023. Grupos cibercriminales extranjeros, usando inteligencia artificial y criptoactivos, se alían con narcotraficantes mexicanos para estafas y lavado.
Estas organizaciones son atractivas por su capacidad para manejar grandes volúmenes de dinero sin activar alertas inmediatas, especialmente en un ecosistema regulatorio débil como el mexicano, donde la ausencia de leyes específicas para activos virtuales agrava la vulnerabilidad.
En este sentido, el incremento del uso de criptomonedas por parte de cárteles y grupos cibercriminales ha quedado evidenciado en varios casos destacados:
- Caso Héctor Alejandro Páez García (junio 2025): Un abogado de la Ciudad de México se declaró culpable en Estados Unidos de lavar más de 52 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa. Utilizó empresas fantasma en San Diego y criptomonedas para mover fondos ilícitos del narcotráfico, en una red desmantelada por el FBI. Páez enfrenta sentencia en agosto de 2025.
- Aumento del uso de criptomonedas por cárteles (julio 2025): Un informe de la unidad de investigación de SILIKN reveló un aumento del 55.8% en el uso de criptomonedas como Bitcoin, Monero y Tether por parte del Cártel de Sinaloa y el CJNG para lavado y compra de insumos, facilitado por plataformas con bajo KYC y pagos transfronterizos a proveedores chinos.
- Decomiso de la DEA (julio 2025): La DEA confiscó 10 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al Cártel de Sinaloa, en una operación que involucró a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Este caso destaca el rol de los criptoactivos en el lavado de ganancias del fentanilo.
- Sanciones de la OFAC (2023–2025): La OFAC sancionó a miembros de Los Chapitos, como Mario Alberto Jimenez Castro, por lavar más de 740,000 dólares vía Ethereum, utilizando billeteras digitales y empresas fantasma. Estas sanciones se extendieron hasta 2025.
A pesar de las críticas por una supuesta inacción, el gobierno mexicano ha implementado medidas para combatir el lavado de dinero con criptomonedas, pero enfrenta múltiples obstáculos que limitan su efectividad:
1. Marco con vacíos legales: México cuenta con la Ley Fintech de 2018, que regula los activos virtuales y exige a las plataformas de criptomonedas registrarse ante la CNBV y la UIF, implementar KYC y reportar transacciones sospechosas. Sin embargo, esta legislación no aborda técnicas avanzadas como mixers, DEXs o NFTs, ni cubre transacciones en la dark web. La reforma de julio de 2025 a la LFPIORPI amplía las actividades vulnerables, reduce los umbrales de reporte a 23,700 pesos y exige monitoreo automatizado, pero su implementación es incipiente y no regula plataformas extranjeras ni transacciones anónimas.
2. Limitaciones institucionales: La CNBV opera con un presupuesto reducido de 1,506 millones de pesos en 2025, un 14% menos que en 2024, lo que restringe su capacidad para supervisar un sector donde los fraudes digitales crecen al 24% anual. La falta de capacitación en blockchain y ciberseguridad limita el rastreo de transacciones y la DEA ha señalado la necesidad de tener más expertos en análisis on-chain. Además, acusaciones de corrupción y colusión con cárteles, aunque negadas por el gobierno, generan desconfianza.
3. Complejidad de las criptomonedas: La descentralización y el anonimato de las criptomonedas complican su regulación. Los cárteles utilizan mixers, tumbler apps y DEXs para ocultar fondos, y el volumen de transacciones en la dark web creció de 250 millones de dólares en 2012 a 1 billón en 2019, según el FMI. Los esquemas transfronterizos, como pagos a proveedores chinos, requieren cooperación internacional que sigue siendo insuficiente, a pesar de iniciativas como la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC), firmada en diciembre de 2024.
4. Priorización de la soberanía: La postura del gobierno, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatiza la soberanía nacional frente a acusaciones extranjeras. En junio de 2025, Sheinbaum respondió a sanciones del Tesoro de EE.UU. contra bancos mexicanos por lavado con criptomonedas, declarando: “No tenemos pruebas de que haya lavado de dinero en estas instituciones. Si el Tesoro de Estados Unidos tiene evidencia, que la presente.” Esta exigencia de pruebas refleja una resistencia a actuar bajo presión externa, lo que críticos interpretan como inacción. El expresidente AMLO también calificó estas acusaciones como “calumnias del imperialismo yanqui”, priorizando la verificación interna.
5. Esfuerzos existentes: El gobierno no está completamente inactivo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) creó un equipo que redujo el lavado anónimo con criptomonedas en un 35% en 2025. La CNBV impuso 800 multas en 2024 por fallas en prevención de lavado, totalizando 216.2 millones de pesos y ha intervenido en bancos sospechosos. Sin embargo, la ausencia de condenas de alto perfil en casos de criptomonedas limita el impacto de estas medidas.
6. Críticas y perspectivas: Por ejemplo, la DEA señala que México tiene un atraso regulatorio, con leyes desactualizadas y falta de claridad en la definición de activos virtuales. La incapacidad para rastrear transacciones en la dark web y los recursos limitados de la CNBV son puntos clave. Por su parte, el gobierno sostiene que su marco legal es adecuado, pero requiere tiempo para implementarse, y que las sanciones de Estados Unidos a menudo carecen de evidencia compartida. Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda enfatizan que combatir el lavado es una responsabilidad global.
El lavado de dinero con criptomonedas representa una amenaza creciente para la estabilidad financiera y la seguridad de México, explotando organizaciones legítimas en un contexto de regulación débil. Aunque el gobierno ha implementado medidas como la Ley Fintech, la reforma de la LFPIORPI y equipos especiales, enfrenta desafíos estructurales como presupuestos limitados, falta de capacitación y la complejidad de las criptomonedas. La priorización de la soberanía y la resistencia a presiones extranjeras contribuyen a la percepción de inacción, aunque los esfuerzos existen.
Para avanzar, México debe fortalecer la CNBV, modernizar regulaciones, capacitar a su personal y mejorar la cooperación internacional, todo mientras aborda posibles corrupciones internas. Este desafío global requiere un esfuerzo conjunto para frenar el crimen organizado digital.
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