Aumento del IVA al 20%: digitalización forzada sin protección ante ciberfraudes expone a millones de mexicanos
Imagen: Andrejzt | https://www.deviantart.com/andrejzt
Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst y líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dirigida por Pepe Merino, prepara una iniciativa para incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 20% a partir de 2026 con el argumento de reducir el uso de efectivo, fortalecer la recaudación y acelerar la transición hacia pagos electrónicos.
No obstante, la unidad de investigación de SILIKN advierte que la propuesta surge en un país con alto nivel de vulnerabilidad digital, baja inclusión financiera y ausencia de mecanismos de protección para usuarios, lo que convierte el proyecto fiscal en un riesgo económico para millones de personas.
Digitalización sin protección contra fraudes financieros
México registra pérdidas anuales superiores a 80 mil millones de pesos derivadas de delitos como clonación de tarjetas, phishing y uso de aplicaciones falsas. A diferencia de países europeos o Estados Unidos, no existen seguros obligatorios contra fraude bancario, fondos estatales de compensación ni esquemas automáticos de reembolso para víctimas.
En este contexto, la propuesta plantea incentivar pagos electrónicos mientras que las transacciones en efectivo enfrentarían la tasa completa del 20%. Sin una estructura institucional de protección, la transición digital trasladaría al consumidor la responsabilidad económica de los delitos financieros sin respaldo legal, tecnológico ni financiero.
De acuerdo con la unidad de investigación de SILIKN, cualquier reforma tributaria vinculada a medios de pago digitales debería garantizar previamente:
- seguros obligatorios contra fraude bancario;
- un fondo estatal de compensación para víctimas de cibercrimen;
- protocolos automáticos de reembolso y responsabilidad compartida con bancos;
- certificaciones mínimas de seguridad para aplicaciones financieras;
- programas de alfabetización digital y fortalecimiento de infraestructura.
Sin estos elementos, la digitalización sería desigual, coercitiva y riesgosa para la ciudadanía.
Inclusión financiera insuficiente
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 señala que 47% de los adultos mexicanos no posee cuenta bancaria y una proporción mayor carece de instrumentos de pago digitales. En pequeños comercios, transporte público y mercados locales siguen predominando pagos en efectivo por falta de terminales, comisiones accesibles o conectividad.
Para estos sectores, el efectivo no representa una preferencia, sino la única vía de transacción posible.
Brecha digital y exclusión estructural
La falta de acceso financiero se agrava con la brecha tecnológica. Cifras del INEGI y Coneval estiman que cerca de 30 millones de personas no tienen smartphone funcional o carecen de conexión 4G estable, particularmente en zonas rurales e indígenas y entre adultos mayores.
Sin dispositivos, capacitación ni infraestructura, incrementar el IVA operaría como un cargo adicional para quienes ya están excluidos del sistema digital.
Impacto inflacionario y expansión de la informalidad
Análisis del Banco de México y del CIEP estiman que la medida provocaría un aumento inflacionario de entre 3.2% y 3.6% solo en el primer año. Productos como transporte, artículos de higiene, medicinas no exentas y alimentos procesados serían los más afectados. En hogares de bajos ingresos, donde hasta 80% del gasto se destina a bienes gravados, el deterioro económico sería inmediato.
Además, expertos prevén que el incremento incentive acuerdos informales para evadir el impuesto, profundizando la economía subterránea en lugar de reducirla.
Alternativas: recortar privilegios antes que subir impuestos
El gobierno estima que la reforma recaudaría entre 320 mil y 380 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, análisis independientes muestran que esa cifra podría obtenerse mediante recortes al gasto asociado a privilegios de legisladores, altos funcionarios y estructuras gubernamentales, sin aumentar impuestos ni afectar programas sociales.
Entre las medidas propuestas con mayor impacto fiscal se encuentran:
- Eliminación de vales, seguros médicos privados, celulares y viajes para legisladores: hasta 32 mil millones de pesos.
- Cancelación de pensiones vitalicias para exfuncionarios: entre 4,500 y 6 mil millones.
- Reducción de salarios y prestaciones de mandos superiores al nivel presidencial: hasta 110 mil millones.
- Venta de vehículos oficiales de lujo y reducción de viáticos: más de 80 mil millones combinados.
- Extinción de fideicomisos opacos restantes: hasta 50 mil millones adicionales.
Estos recortes permitirían ahorrar entre 400 mil y 441 mil millones de pesos, superando la recaudación proyectada por el aumento del IVA.
Recursos adicionales podrían obtenerse mediante la venta de propiedades gubernamentales, eliminación de publicidad oficial y reducción de representación plurinominal en el Congreso.
Una decisión política más que fiscal
Con casi la mitad de la población fuera del sistema bancario y sin garantías contra delitos financieros, incrementar el IVA bajo el argumento de modernización fiscal traslada el costo del avance tecnológico a los sectores más vulnerables. La propuesta no contempla mecanismos de seguridad digital, mantiene privilegios gubernamentales y profundiza desigualdades estructurales.
En un país con alta exposición a ciberfraudes y amplia exclusión digital, imponer pagos electrónicos por vía tributaria sin proteger al ciudadano no constituye modernización, sino una carga fiscal regresiva disfrazada de transformación tecnológica.
Para más información, visite: https://www.silikn.com/