Coatlicue, la nueva supercomputadora que exhibe la simulación tecnológica del gobierno de un país sin infraestructura básica real




Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst y líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.

El 26 de noviembre de 2025, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó Coatlicue, la supercomputadora pública que, según el gobierno, convertirá a México en líder regional en cómputo avanzado. Con 15 mil GPU, 314 petaflops de potencia y un costo inicial de 6 mil millones de pesos, la máquina promete predecir huracanes, mejorar la agricultura, detectar fraudes fiscales y entrenar modelos de inteligencia artificial soberanos. El anuncio es espectacular. También es inquietantemente parecido a otros proyectos que iniciaron igual: con promesas grandilocuentes, inversiones colosales y resultados que terminaron reducidos a la anécdota o al fracaso.

La historia reciente ofrece suficientes ejemplos. La Agencia Espacial Mexicana, creada hace década y media, sigue sin poner en órbita un solo satélite propio. La refinería Dos Bocas, anunciada como solución energética estratégica, opera por debajo de sus expectativas y con un sobrecosto monumental. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continúa muy lejos de sus proyecciones de uso. El patrón se repite: se construyen estructuras enormes sin prever quién podrá operarlas, cómo se sostendrán o para qué servirán realmente. Coatlicue, pese a sus petaflops, parece inscribirse en esa misma lógica.

Antes de pensar en una supercomputadora de clase mundial, México arrastra rezagos que deberían ser prioridad absoluta. Tres de cada diez hogares rurales aún carecen de internet fijo; la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tiene acceso a fibra óptica; la mitad de la población no domina habilidades digitales básicas y el país enfrenta una escasez crítica de especialistas tecnológicos. A esto se suma el incremento de ciberataques y la fragilidad generalizada de la infraestructura pública. La brecha tecnológica entre estados como Nuevo León y Chiapas es de casi cuatro a uno. En este escenario, una máquina de 314 petaflops corre el riesgo de convertirse en un Ferrari estacionado en un pueblo sin carretera.

La utilidad de Coatlicue dependerá de que existan datos confiables, investigadores capaces de aprovecharla y sistemas seguros que impidan que un ciberataque la deje fuera de servicio. De momento, nada de eso está garantizado. El gobierno promete que la supercomputadora revolucionará la predicción meteorológica, optimizará la producción agrícola y recuperará recursos fiscales perdidos, pero ignora que estas metas requieren primero resolver déficits estructurales que llevan años acumulándose.

Sería necesario acelerar la cobertura de banda ancha, impulsar programas reales de alfabetización digital — especialmente en zonas rurales y entre mujeres — , desarrollar una legislación moderna en inteligencia artificial y ciberseguridad y, sobre todo, establecer reglas de operación claras, transparentes y supervisadas externamente. Sin estos fundamentos, la máquina no pasará de ser una promesa más atrapada en la retórica gubernamental.

A ello se suman señales preocupantes. El gobierno presenta Coatlicue como un logro histórico, pero lo hace sin una comunidad científica consolidada que pueda sostenerla. México acumula años de recortes, desmantelamiento de laboratorios y fuga de talento; en este contexto, resulta difícil creer que de la noche a la mañana se pueda operar una supercomputadora que aspira al top 10 mundial.

Tampoco existen lineamientos transparentes para su uso. Mientras en países con tradición científica los recursos de cómputo se asignan mediante procesos rigurosos y comités especializados, Coatlicue nació con beneficiarios ya designados y sin mecanismos públicos de evaluación. Es una infraestructura presentada como herramienta para la ciencia, pero diseñada para operar bajo criterios políticos.

Las contradicciones técnicas tampoco ayudan. El gobierno presume que Coatlicue será clave para entrenar modelos de inteligencia artificial, pero no anunció un solo proyecto serio en esa materia. La arquitectura — centrada en GPU — no coincide con las prioridades comunicadas; lo que se presentó como ejemplo estrella fue la detección de fraude fiscal, una tarea que podría resolverse con tecnologías mucho más simples y de costos infinitamente menores. El resultado es una máquina de IA sin proyectos de IA, un cuerpo sin mente ni propósito claro.

Más preocupante aún es la ausencia total de diagnósticos que justifiquen su escala. No existe un estudio público de demanda, proyecciones de crecimiento científico ni planes de formación de talento. La lógica parece haber sido la misma de otros megaproyectos: anunciar primero, justificar después. Construir antes de pensar.

Coatlicue se perfila así como un símbolo perfecto de la política tecnológica reciente: grande, cara y desconectada de la realidad. México necesitaba una estrategia científica nacional, inversión en universidades, ecosistemas de innovación y políticas públicas serias. En cambio, recibió un monumento al derroche envuelto en discursos de soberanía tecnológica.

Denunciar esta situación no es ir en contra de la ciencia; es defenderla de quienes la utilizan como escenografía. La comunidad científica mexicana merecía planeación, no propaganda; merecía una infraestructura funcional, no una vitrina política.

El gobierno tiene dos años antes de que Coatlicue entre en operación. Si dedica el primer año a construir las bases que hoy no existen, quizá este proyecto pueda marcar una diferencia. Si repite la fórmula de siempre — anunciar grandeza sin resolver lo esencial — , Coatlicue terminará engrosando la lista de elefantes blancos tecnológicos que México ya no puede permitirse seguir acumulando.

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