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Estudiantes del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial quedan expuestos al crimen por falta de ciberseguridad gubernamental





Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst y líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.

Durante la inauguración del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, presentado por el gobierno federal como “el más grande de América Latina”, cientos de jóvenes compartieron en redes sociales su aceptación al programa, utilizando etiquetas como #LabMexIA, #MéxicoPaísDeInnovación y #EstudioIAGratis. Mientras las autoridades celebraban el avance tecnológico, organizaciones delictivas ya rastreaban estas publicaciones. Para el crimen organizado, un estudiante con conocimientos en inteligencia artificial no representa simplemente talento académico: es un recurso estratégico de alto valor.

El reclutamiento digital se ha consolidado como la principal vía de captación de menores y jóvenes por parte del narcotráfico. De acuerdo con el Mecanismo Estratégico de la Secretaría de Gobernación, actualizado en 2024, el 27 % de los enganches ocurre exclusivamente a través de plataformas digitales como TikTok, Instagram, WhatsApp, Discord, Twitch y videojuegos populares como Free Fire, Fortnite, Call of Duty y Roblox. Las ofertas suelen incluir recompensas virtuales, depósitos en tiendas de conveniencia o empleos supuestamente legítimos con salarios de entre 15 mil y 50 mil pesos mensuales. Una vez dentro, los jóvenes pueden ser presionados para realizar vigilancia territorial, narcomenudeo, extorsión telefónica, secuestros virtuales e incluso actividades criminales de alto impacto, como trata de personas y tráfico de órganos.

Siete de cada diez menores reclutados provienen de entornos familiares con violencia, y son manipulados mediante promesas de dinero rápido, pertenencia a un grupo y amenazas cuando intentan abandonar las células. Este patrón de vulnerabilidad se refleja de manera crítica en el nuevo programa gubernamental, que concentra a 10 mil jóvenes mayoritariamente de escuelas públicas y con limitaciones económicas. Para muchos, el acceso a esta formación representa una oportunidad de movilidad social y mejores ingresos; sin embargo, esta necesidad los hace especialmente susceptibles a ofertas de reclutamiento disfrazadas de empleos legítimos en desarrollo de software o ciberseguridad desde casa.

Seis de las diez sedes iniciales del centro se ubican en zonas catalogadas por autoridades federales como de riesgo alto o muy alto de captación digital: Tláhuac en Ciudad de México, Tijuana en Baja California, Cuernavaca en Morelos, Puebla, Morelia en Michoacán y Ciudad Victoria/Tampico en Tamaulipas. En estos territorios, los cárteles ya operan con sofisticación tecnológica: utilizan bots en videojuegos para identificar jugadores de colonias controladas, publican ofertas de empleo falsas en redes sociales y aprovechan videos donde adolescentes se autopostulan a células delictivas por motivos económicos.

Los cárteles mexicanos han desarrollado estructuras especializadas en tecnología. Según reportes filtrados entre 2022 y 2025, organizaciones como el CJNG y el de Sinaloa han contratado jóvenes programadores con salarios de hasta 80 mil pesos mensuales para tareas de alto impacto: reconocimiento facial mediante cámaras urbanas, generación de deepfakes para extorsión, bots de reclutamiento masivo, minería de datos, operación de drones armados guiados por IA y sistemas de comunicación cifrada. Son exactamente las mismas áreas de conocimiento que el Centro Público de IA busca enseñar, lo que convierte a sus alumnos en objetivos estratégicos para el crimen organizado.

Aunque la base de datos oficial del programa se gestiona a través de Llave MX y bajo custodia institucional, la convocatoria es pública y muchos estudiantes han compartido en redes sociales su aceptación con nombre, plantel, municipio e imágenes. La identificación de perfiles no requiere acceso a sistemas gubernamentales y el riesgo se agrava por antecedentes de filtraciones y ciberataques a la Secretaría de Educación Pública durante 2025, que fueron negados públicamente pese a la evidencia: vulneración de plataformas educativas en abril, filtración de 75 mil beneficiarios de becas en CDMX entre mayo y junio, bases de datos comprometidas en cuatro entidades en octubre y ausencia de pronunciamiento oficial en noviembre.

Fuentes internas reconocen que no existe un protocolo específico para proteger datos ni prevenir el reclutamiento digital, y que no hay convenios con plataformas tecnológicas para detectar cuentas asociadas a grupos criminales.

Mientras el gobierno presenta el Centro de IA como un símbolo de “soberanía tecnológica”, la ausencia de medidas de protección coloca a los estudiantes en una situación crítica: su información es pública, localizable y sus necesidades económicas los hacen susceptibles a la captación criminal. Si en los próximos meses algún alumno termina colaborando con el CJNG o el Cártel de Sinaloa, no sería una sorpresa: los datos han permanecido accesibles y desprotegidos desde su publicación, favoreciendo a quienes ya no solo dominan el territorio físico, sino también el espacio digital, donde se disputa la nueva generación de talento tecnológico.

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