Coinciden el alza de desapariciones y el reclutamiento juvenil por parte del crimen organizado con el informe del CED que el gobierno mexicano minimiza
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Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst, Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro y Líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó en abril de 2025 el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que existían indicios de que en México esta práctica ocurría de manera generalizada y sistemática.
Este mecanismo, reservado para situaciones excepcionales, implicó solicitar información detallada al Estado mexicano y abrió la posibilidad de llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU. El relator del CED, Juan Pablo Albán, presentó estos avances en octubre de 2025 durante la 20ª sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General en Nueva York.
El gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, rechazó de inmediato y en múltiples ocasiones estas afirmaciones. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió comunicados en abril, junio y octubre de 2025 en los que calificó las declaraciones del CED como “carecen de sustento y no son admisibles”.
Las autoridades mexicanas insistieron en que las desapariciones no constituyen una política de Estado ni son atribuibles al gobierno, sino que responden principalmente al accionar de la delincuencia organizada. “El gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, enfatizaron la SRE y la Secretaría de Gobernación.
El gobierno de México reconoció su apertura al escrutinio internacional, pero defendió que el procedimiento del artículo 34 debía reservarse para casos excepcionales y no desvirtuar el espíritu de cooperación con el comité.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualizado al 27 de marzo de 2026, existen 132.534 personas con estatus de desaparecidas desde 2006, de un total histórico de 394.645 registros desde 1952. De estos, el 66% (262.111 personas) han sido localizadas, el 92 % de ellas con vida. El gobierno desglosó los casos activos en tres grupos: 36% con datos insuficientes, 31% con evidencias de actividad posterior a la desaparición y 33% (43.128 casos) con información completa y sin rastro posterior, considerados los más prioritarios para la búsqueda.
Dentro de esta crisis, uno de los fenómenos más alarmantes y crecientes es el reclutamiento de jóvenes por parte de los cárteles del narcotráfico a través de redes sociales y servicios de mensajería. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros utilizan TikTok, Instagram, Facebook y plataformas de mensajería como WhatsApp para publicar falsas ofertas de empleo con salarios atractivos (hasta 22.000 pesos mensuales), promesas de estatus o contenido aspiracional que normaliza la vida delictiva.
Los jóvenes, especialmente varones de 14 a 20 años en situación de vulnerabilidad económica o emocional, responden, son contactados y, en muchos casos, trasladados a “campos de entrenamiento” donde se les obliga a convertirse en sicarios, halcones o transportistas. Quienes se resisten o intentan escapar enfrentan amenazas, retención de documentos o, directamente, la desaparición.
Las estadísticas vigentes confirman la escala del problema. La unidad de investigación de SILIKN estima que entre 150.000 y 300.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada y calcula hasta 285.000 menores de entre 12 y 15 años en situación de vulnerabilidad, principalmente en estados como Chihuahua, Colima, Baja California, Estado de México y Ciudad de México.
Se estima que los cárteles reclutan entre 45.000 y 55.000 infantes al año, y que en 2021 ya incorporaban 20.000 nuevos miembros frente a 13.000 bajas. Entre 2021 y 2023, los casos de adolescentes imputados por delitos vinculados al crimen organizado aumentaron 52%.
En relación con las desapariciones de jóvenes, el grupo de entre 15 y 19 años concentra una proporción considerable de casos, registrando incrementos del 68%, mientras que en el rango de 10 a 14 años el aumento fue del 73% durante la primera mitad de 2025. En menos de un año se contabilizaron cerca de 6,800 desapariciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años. Asimismo, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, el gobierno cerró 547 cuentas en redes sociales vinculadas al reclutamiento y mantenía bajo investigación otras 725; sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para contener ni reducir este fenómeno, en gran medida por la falta de seguimiento adecuado.
Aunque la Policía Cibernética y el Centro Nacional de Inteligencia han señalado la eliminación de más de 180 perfiles relacionados con estas prácticas, el fenómeno persiste y continúa en aumento. Esto se debe a que muchas de las desapariciones de jóvenes están directamente vinculadas a estas ofertas engañosas, que con frecuencia derivan en su traslado a centros de reclutamiento o incluso a sitios de exterminio, como los documentados en Jalisco.
Este doble escenario — el rechazo gubernamental al diagnóstico de la ONU sobre desapariciones forzadas sistemáticas y la escalada del reclutamiento digital de jóvenes por el crimen organizado — ilustra la complejidad de la crisis humanitaria en México.
Mientras las autoridades atribuyen la mayoría de los casos a la delincuencia organizada y destacan avances en localizaciones y cierre de cuentas digitales, colectivos de familias y organismos internacionales insisten en la necesidad de mayor transparencia, investigación independiente y atención prioritaria a la protección de la juventud, principal víctima de estas nuevas estrategias delictivas.
La depuración del RNPDNO y las acciones contra el reclutamiento digital representan pasos, pero la magnitud de las cifras y la persistencia del fenómeno exigen una respuesta integral y urgente.
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