Tras un historial de megaproyectos que no han dado resultados ¿el gobierno de México podría cancelar Coatlicue y la Ley Nacional de Ciberseguridad?
Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, CyberOps Associate (CCNA CyberOps), Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst, Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro y Líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.
Por años, el discurso de la llamada “transformación” apostó por obras emblemáticas y proyectos de alto impacto político que prometían soberanía, modernización y bienestar. Sin embargo, entre 2018 y 2026, una parte significativa de esas iniciativas ha quedado marcada por sobrecostos, baja rentabilidad, opacidad o resultados muy por debajo de lo prometido. En ese contexto, la eventual cancelación de nuevos proyectos estratégicos como la supercomputadora Coatlicue — y, sobre todo, el debilitamiento o abandono del Plan Nacional de Ciberseguridad — plantea un dilema crítico: ¿corregir el rumbo o profundizar la falta de visión de largo plazo?
La experiencia reciente no es menor. Proyectos como la refinería Olmeca en Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fueron presentados como pilares del desarrollo nacional. Hoy, pese a seguir operando, arrastran cuestionamientos por sobrecostos que en algunos casos duplicaron o triplicaron las estimaciones originales, dependencia de subsidios y una eficiencia operativa discutible. A ello se suman iniciativas como Gas Bienestar, LitioMX o la Megafarmacia del Bienestar, que evidencian problemas estructurales de ejecución, planeación deficiente y resultados limitados frente a las expectativas generadas.
Incluso proyectos más recientes o simbólicos, como la Vacuna Patria o el automóvil eléctrico Olinia, han enfrentado retrasos, incertidumbre técnica y una brecha creciente entre el discurso político y la viabilidad real. El patrón es claro: anuncios ambiciosos, implementación irregular y costos que no siempre se traducen en beneficios proporcionales.
En este escenario, la supercomputadora Coatlicue aparece como una apuesta distinta. Con una inversión proyectada de 6,000 millones de pesos y una capacidad estimada de 314 petaflops, el proyecto busca posicionar a México en la frontera del procesamiento de datos, la inteligencia artificial y el modelado de fenómenos complejos como desastres naturales o sistemas fiscales. A diferencia de las megaobras físicas, Coatlicue aún no inicia su construcción, lo que hace que su eventual cancelación tenga un costo financiero relativamente bajo — entre 200 y 600 millones de pesos ya comprometidos — .
Pero el bajo costo inmediato puede ser engañoso. Cancelar Coatlicue significaría renunciar a multiplicar por más de 30 veces la capacidad nacional de supercómputo, perpetuando la dependencia tecnológica del extranjero y limitando áreas clave como la investigación científica, la salud pública o la agricultura de precisión. En un entorno global donde los datos son poder, el costo real sería estratégico: menor competitividad, fuga de talento y retraso en la adopción de inteligencia artificial.
No obstante, si Coatlicue representa una apuesta discutible pero defendible, el caso del Plan Nacional de Ciberseguridad es radicalmente distinto. Presentado en 2025 como la primera estrategia integral en casi una década, el plan busca corregir una debilidad histórica: la incapacidad del Estado mexicano para prevenir y responder de forma coordinada a ciberataques.
México es, consistentemente, uno de los países más atacados de América Latina. Aun así, la política pública en la materia ha sido fragmentada, reactiva y con escasa coordinación entre dependencias. El nuevo plan propone precisamente lo contrario: gobernanza, estándares obligatorios, protección de infraestructura crítica, creación de un centro nacional de operaciones y profesionalización del talento.
Cancelar o desarticular esta estrategia tendría un costo financiero mínimo, pero implicaciones potencialmente devastadoras. Sin una política sólida, el país quedaría expuesto a un aumento en ataques de ransomware, robo de datos personales, fraudes financieros y posibles afectaciones a sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones o salud. En un contexto de eventos globales como el Mundial de 2026, la vulnerabilidad se convierte también en un riesgo reputacional y económico.
La comparación con los proyectos fallidos del sexenio anterior es inevitable, pero también reveladora. Mientras obras como el Tren Maya o Dos Bocas implicaron inversiones masivas con retornos inciertos, el Plan Nacional de Ciberseguridad representa una política de bajo costo relativo con alto impacto estructural. Cancelarlo no evitaría un “elefante blanco”; más bien abriría la puerta a una crisis silenciosa pero constante: la inseguridad digital.
El problema de fondo no es únicamente qué proyectos se cancelan o continúan, sino bajo qué lógica se toman esas decisiones. Si la respuesta sigue anclada en criterios políticos de corto plazo — popularidad, narrativa o confrontación — , México corre el riesgo de repetir el ciclo de promesas grandilocuentes y resultados limitados. Pero si la evaluación incorpora criterios técnicos, estratégicos y de costo-beneficio real, el país podría comenzar a diferenciar entre proyectos prescindibles y apuestas indispensables.
Coatlicue, con todas sus dudas, pertenece al terreno de las decisiones estratégicas debatibles. El Plan Nacional de Ciberseguridad, en cambio, se ubica en el ámbito de lo imprescindible. Cancelar el primero puede ser una decisión pragmática; abandonar el segundo sería, simple y llanamente, un error de Estado.
Después de una década marcada por megaproyectos cuestionados, México enfrenta una prueba distinta: no se trata de construir más, sino de decidir mejor.
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