El uno por ciento que somete a un país: la importancia de perseguir a las estructuras criminales y sus redes de protección política
- Evidencia científica y datos judiciales revelan que la violencia en México se concentra en una fracción ínfima de la población. La pregunta ya no es quiénes son: es si existe voluntad política para actuar contra ellos.
Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, CyberOps Associate (CCNA CyberOps), Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst, Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro y Líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.
México enfrenta desde hace décadas una crisis de violencia que ha resistido cambios de gobierno, reformas legales, despliegues militares y múltiples estrategias de seguridad. Mientras los homicidios, las extorsiones y las desapariciones continúan afectando a millones de ciudadanos, una pregunta fundamental permanece sin respuesta: ¿está el Estado concentrando sus esfuerzos en los grupos y personas que realmente generan la mayor parte del problema?
Diversos estudios criminológicos internacionales sugieren que la violencia no suele distribuirse de manera uniforme entre la población. Por el contrario, tiende a concentrarse en grupos relativamente pequeños de individuos con altos niveles de reincidencia y capacidad operativa. Si esta lógica se aplica al caso mexicano, una conclusión resulta evidente: combatir eficazmente al crimen organizado requiere no solamente perseguir a sus integrantes, sino también investigar y sancionar cualquier posible red de protección institucional que facilite sus operaciones.
Una minoría puede concentrar la mayoría de la violencia
Uno de los estudios poblacionales más amplios realizados sobre delincuencia violenta analizó a más de 2.3 millones de personas y encontró un dato revelador: apenas el 1% de la población concentró el 63.2% de todas las condenas por delitos violentos.
La investigación identificó además que los delincuentes violentos reincidentes compartían diversos factores de riesgo, entre ellos antecedentes criminales tempranos, abuso de sustancias, delincuencia persistente y trastornos de personalidad.
Otro dato particularmente relevante es que apenas alrededor del 0.2% de las personas llega a cometer homicidio en algún momento de su vida, mientras que aproximadamente el 67% de todos los asesinatos son cometidos por individuos con antecedentes de arrestos previos.
La conclusión de estos hallazgos es clara: la violencia grave suele estar concentrada en una proporción muy reducida de personas que mantienen una conducta criminal reiterada. Desde una perspectiva de política pública, ello sugiere que la identificación, investigación y neutralización de estos grupos puede generar resultados más significativos que estrategias dispersas dirigidas al conjunto de la población.
Los cárteles: uno de los mayores empleadores del país
La magnitud del crimen organizado en México permite dimensionar la complejidad del problema.
De acuerdo con un modelo matemático publicado en la revista científica Science, las organizaciones criminales mexicanas emplean aproximadamente 175 mil personas, con estimaciones que oscilan entre 160 mil y 185 mil integrantes distribuidos en alrededor de 150 organizaciones criminales.
La investigación, desarrollada por especialistas internacionales encabezados por el criminólogo y matemático Rafael Prieto Curiel, concluyó además que los grupos criminales reclutan aproximadamente 370 nuevos integrantes cada semana para compensar las pérdidas ocasionadas por detenciones, muertes y deserciones.
Estas cifras convierten al crimen organizado en uno de los mayores empleadores ilegales de México y evidencian una realidad preocupante: mientras las organizaciones mantengan capacidad constante de reclutamiento, la captura de operadores individuales tendrá efectos limitados si no se desmantelan simultáneamente las estructuras financieras, logísticas y políticas que las sostienen.
La dimensión institucional del problema
Otro aspecto central en el debate sobre seguridad pública es la infiltración criminal en estructuras gubernamentales.
En los últimos años han surgido investigaciones, señalamientos periodísticos, auditorías y procesos judiciales relacionados con funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno acusados de presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, extorsión, lavado de dinero o posibles vínculos con organizaciones criminales.
Es fundamental precisar que una investigación o acusación no equivale a una condena y que todas las personas involucradas conservan el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
Sin embargo, la acumulación de casos investigados en diversas entidades federativas ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.
Según los datos recopilados a partir de reportes oficiales, investigaciones periodísticas y expedientes judiciales citados en el material analizado, existirían aproximadamente entre 110 y 130 funcionarios, exfuncionarios y operadores políticos vinculados a gobiernos de Morena y aliados que se encuentran procesados, detenidos o bajo investigación formal por presuntos delitos relacionados con corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión o fraude.
Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque dichos casos involucran a personas de distintas fuerzas políticas.
Más allá de la afiliación partidista de los involucrados, el punto central es que cualquier infiltración criminal dentro de las instituciones representa una amenaza directa para el Estado de derecho.
Cuando una organización criminal logra influir sobre funcionarios públicos, obtiene acceso a información estratégica, protección administrativa, recursos públicos y capacidad para obstaculizar investigaciones. En términos operativos, esta situación multiplica considerablemente su capacidad de acción.
Un grupo reducido con enorme impacto nacional
Si se combinan las estimaciones disponibles sobre integrantes del crimen organizado y funcionarios bajo investigación por presuntos delitos relacionados con corrupción o delincuencia organizada, el universo total alcanzaría aproximadamente 175,130 personas.
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Frente a una población nacional estimada en alrededor de 131 millones de habitantes, este conjunto representaría aproximadamente 0.1336% de la población mexicana.
Dicho de otra manera:
Diversos estudios criminológicos internacionales sugieren que la violencia no suele distribuirse de manera uniforme entre la población. Por el contrario, tiende a concentrarse en grupos relativamente pequeños de individuos con altos niveles de reincidencia y capacidad operativa. Si esta lógica se aplica al caso mexicano, una conclusión resulta evidente: combatir eficazmente al crimen organizado requiere no solamente perseguir a sus integrantes, sino también investigar y sancionar cualquier posible red de protección institucional que facilite sus operaciones.
Una minoría puede concentrar la mayoría de la violencia
Uno de los estudios poblacionales más amplios realizados sobre delincuencia violenta analizó a más de 2.3 millones de personas y encontró un dato revelador: apenas el 1% de la población concentró el 63.2% de todas las condenas por delitos violentos.
La investigación identificó además que los delincuentes violentos reincidentes compartían diversos factores de riesgo, entre ellos antecedentes criminales tempranos, abuso de sustancias, delincuencia persistente y trastornos de personalidad.
Otro dato particularmente relevante es que apenas alrededor del 0.2% de las personas llega a cometer homicidio en algún momento de su vida, mientras que aproximadamente el 67% de todos los asesinatos son cometidos por individuos con antecedentes de arrestos previos.
La conclusión de estos hallazgos es clara: la violencia grave suele estar concentrada en una proporción muy reducida de personas que mantienen una conducta criminal reiterada. Desde una perspectiva de política pública, ello sugiere que la identificación, investigación y neutralización de estos grupos puede generar resultados más significativos que estrategias dispersas dirigidas al conjunto de la población.
Los cárteles: uno de los mayores empleadores del país
La magnitud del crimen organizado en México permite dimensionar la complejidad del problema.
De acuerdo con un modelo matemático publicado en la revista científica Science, las organizaciones criminales mexicanas emplean aproximadamente 175 mil personas, con estimaciones que oscilan entre 160 mil y 185 mil integrantes distribuidos en alrededor de 150 organizaciones criminales.
La investigación, desarrollada por especialistas internacionales encabezados por el criminólogo y matemático Rafael Prieto Curiel, concluyó además que los grupos criminales reclutan aproximadamente 370 nuevos integrantes cada semana para compensar las pérdidas ocasionadas por detenciones, muertes y deserciones.
Estas cifras convierten al crimen organizado en uno de los mayores empleadores ilegales de México y evidencian una realidad preocupante: mientras las organizaciones mantengan capacidad constante de reclutamiento, la captura de operadores individuales tendrá efectos limitados si no se desmantelan simultáneamente las estructuras financieras, logísticas y políticas que las sostienen.
La dimensión institucional del problema
Otro aspecto central en el debate sobre seguridad pública es la infiltración criminal en estructuras gubernamentales.
En los últimos años han surgido investigaciones, señalamientos periodísticos, auditorías y procesos judiciales relacionados con funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno acusados de presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, extorsión, lavado de dinero o posibles vínculos con organizaciones criminales.
Es fundamental precisar que una investigación o acusación no equivale a una condena y que todas las personas involucradas conservan el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
Sin embargo, la acumulación de casos investigados en diversas entidades federativas ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.
Según los datos recopilados a partir de reportes oficiales, investigaciones periodísticas y expedientes judiciales citados en el material analizado, existirían aproximadamente entre 110 y 130 funcionarios, exfuncionarios y operadores políticos vinculados a gobiernos de Morena y aliados que se encuentran procesados, detenidos o bajo investigación formal por presuntos delitos relacionados con corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión o fraude.
Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque dichos casos involucran a personas de distintas fuerzas políticas.
Más allá de la afiliación partidista de los involucrados, el punto central es que cualquier infiltración criminal dentro de las instituciones representa una amenaza directa para el Estado de derecho.
Cuando una organización criminal logra influir sobre funcionarios públicos, obtiene acceso a información estratégica, protección administrativa, recursos públicos y capacidad para obstaculizar investigaciones. En términos operativos, esta situación multiplica considerablemente su capacidad de acción.
Un grupo reducido con enorme impacto nacional
Si se combinan las estimaciones disponibles sobre integrantes del crimen organizado y funcionarios bajo investigación por presuntos delitos relacionados con corrupción o delincuencia organizada, el universo total alcanzaría aproximadamente 175,130 personas.
Frente a una población nacional estimada en alrededor de 131 millones de habitantes, este conjunto representaría aproximadamente 0.1336% de la población mexicana.
Dicho de otra manera:
- Representa aproximadamente 1 de cada 748 habitantes.
- Equivale a menos de una quinta parte del uno por ciento de la población nacional.
- Constituye un grupo estadísticamente pequeño pero con una capacidad extraordinaria para afectar la seguridad, la economía y la gobernabilidad.
Esta aparente contradicción es precisamente uno de los elementos más importantes para comprender el fenómeno de la violencia organizada: el problema no radica en el número de personas involucradas, sino en el enorme poder que concentran mediante el uso de armas, recursos financieros ilícitos, control territorial y, eventualmente, acceso a estructuras institucionales.
Hacia una estrategia más focalizada
Si la evidencia criminológica demuestra que una pequeña proporción de individuos concentra la mayor parte de la violencia, entonces la política de seguridad debería priorizar la identificación y persecución de aquellos actores que generan el mayor daño social.
Ello implica fortalecer:
- Las investigaciones contra líderes criminales.
- Los mecanismos de inteligencia financiera.
- Mejores procesos y controles de ciberseguridad.
- Las estrategias para impedir el reclutamiento de nuevos integrantes por parte de los cárteles.
- Las fiscalías especializadas en delincuencia organizada.
- Los sistemas anticorrupción.
- La supervisión de servidores públicos.
- Las investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, independientemente de su partido político.
La aplicación de la ley debe ser uniforme y alcanzar tanto a los operadores criminales como a cualquier servidor público que eventualmente colabore con ellos.
La crisis de seguridad mexicana no parece ser consecuencia de una sociedad inherentemente violenta, sino de la capacidad que han desarrollado grupos relativamente pequeños para concentrar recursos, ejercer violencia sistemática e influir en territorios completos.
Los datos disponibles sugieren que una proporción mínima de la población — cercana al 0.13% — puede generar impactos desproporcionados sobre la seguridad nacional. Asimismo, la evidencia criminológica internacional muestra que una pequeña minoría de delincuentes reincidentes suele concentrar la mayor parte de los delitos violentos.
Por ello, una estrategia integral de seguridad debería enfocarse simultáneamente en desmantelar las estructuras operativas del crimen organizado y en investigar rigurosamente cualquier posible red de protección institucional. La recuperación de la seguridad no depende únicamente de capturar delincuentes, sino también de garantizar que ninguna organización criminal encuentre refugio dentro de las propias instituciones encargadas de combatirla.
Solo mediante el fortalecimiento del Estado de derecho, la rendición de cuentas y la aplicación imparcial de la ley será posible reducir de manera sostenible los niveles de violencia que han marcado a México durante las últimas décadas.
Para mayor información, visite: https://www.silikn.net/
Fuentes consultadas
- Falk, Ö., Wallinius, M., Lundström, S., Frisell, T., Anckarsäter, H., & Kerekes, N. (2014). The 1% of the population accountable for 63% of all violent crime convictions. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49(4), 559–571. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24173408/
- Prieto-Curiel, R., Campedelli, G. M., & Hope, A. (2023). Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico. Science, 381(6664), 1312–1316. https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh2888
- Datos sobre investigaciones a funcionarios: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Instituto Nacional Electoral (INE), reportes de fiscalías estatales e investigaciones periodísticas de El Financiero y Los Angeles Times.