Registro de líneas celulares: la prórroga que delata el fracaso de una política pública
Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, CyberOps Associate (CCNA CyberOps), Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst, Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro y Líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó esta semana lo que muchos analistas ya anticipaban: el registro obligatorio de líneas celulares en México no pudo cumplir su propio calendario. El plazo general que vencía el 30 de junio fue sustituido por una prórroga escalonada que distribuye las fechas límite entre agosto y diciembre de 2026, determinadas ahora según el último dígito del número telefónico de cada usuario.
Quien tenga un número terminado en cero deberá registrar su línea antes del 15 de agosto; quien lo termine en nueve, contará hasta el 31 de diciembre. Quienes no cumplan en su fecha asignada verán suspendido el servicio en las siguientes 72 horas, conservando únicamente la posibilidad de marcar a números de emergencia, a centros de atención ciudadana, a su propia operadora para completar el registro tardío, y de recibir alertas sísmicas.
La prórroga, presentada por las autoridades como una medida de facilidad técnica y administrativa, es en realidad la evidencia más clara de que la política nació mal diseñada, con una arquitectura legal que generó desconfianza desde el primer día y que hoy enfrenta la resistencia silenciosa de decenas de millones de mexicanos.
Cerca de 83 millones de líneas — aproximadamente dos terceras partes del universo de 144.5 millones activas en el país — siguen sin registrarse. Ese número no es una anomalía estadística ni producto de la ignorancia ciudadana. Es una respuesta. Y el gobierno, en lugar de escucharla, optó por extender el plazo sin responder la pregunta que más importa: ¿quién y bajo qué condiciones protegerá los datos personales que se recaben?
Para entender la magnitud de lo que está en juego, conviene detenerse en lo que el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía documenta sobre el papel del teléfono celular en la vida de los mexicanos. En 2024, el 81.7% de la población de seis años en adelante usó el teléfono celular, y de ese universo, el 79.9% operaba bajo un esquema de prepago.
Este dato es fundamental porque revela el perfil del usuario que el gobierno pretende registrar: no se trata principalmente de consumidores de planes corporativos con contratos firmados y datos verificables, sino de millones de personas que adquieren tiempo aire en tiendas de conveniencia, mercados y papelerías, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad económica.
El gasto promedio en prepago fue de apenas 161.8 pesos mensuales, mientras que el de pospago ascendió a 447.5 pesos, una diferencia que habla por sí sola de las asimetrías socioeconómicas que atraviesan la conectividad en México.
Esa dependencia del teléfono inteligente como puerta de entrada al mundo digital no es un detalle menor: es la columna vertebral de la inclusión tecnológica del país. En 2024, el 97.2% de los usuarios de internet accedió a la red desde un teléfono celular inteligente, lo que convierte al dispositivo móvil en prácticamente el único canal de conectividad para una porción enorme de la población. Ninguna computadora de escritorio, ninguna tableta ni televisor inteligente se acerca siquiera a esa cifra.
Ante este panorama, condicionar el acceso a la telefonía móvil a la entrega obligatoria de datos biométricos e identificaciones no equivale a regular un servicio: equivale a controlar la llave de acceso al siglo XXI para millones de personas.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 estimó 100.2 millones de personas usuarias de internet, lo que equivale al 83.1% de la población de seis años y más, un incremento de 1.9 puntos porcentuales respecto a 2023. Es un avance real, que el propio gobierno celebra cuando le conviene y que ahora, con esta medida, amenaza con revertir en los sectores más frágiles.
Porque la desconexión forzada por falta de registro no afectaría al ejecutivo de pospago que tramita sus documentos desde una oficina: afectaría al jornalero agrícola de Chiapas, al adulto mayor de Guerrero, al estudiante de una comunidad rural de Oaxaca que usa su prepago de 50 pesos para enviar tareas por WhatsApp.
Las entidades con menor acceso a internet son precisamente Guerrero, con 58.9% de cobertura en hogares, Oaxaca, con 55.5%, y Chiapas, con 50.7%: las mismas entidades donde la marginalidad histórica convierte al celular en el único punto de contacto con el Estado, con los mercados y con los servicios de salud.
La brecha entre zonas urbanas y rurales sigue siendo de más de 18 puntos porcentuales: mientras el 86.9% de la población urbana usa internet, en zonas rurales solo lo hace el 68.5%. Esa brecha, que se ha ido cerrando con esfuerzo y lentitud durante una década, podría ensancharse de golpe si las autoridades ejecutan la suspensión masiva de líneas de quienes no completen su registro.
El gobierno que declara querer reducir la desigualdad digital estaría, con un solo decreto, produciendo el mayor retroceso en materia de inclusión tecnológica de los últimos años. La paradoja es tan evidente que resulta difícil atribuirla a un error de cálculo: sugiere, más bien, que quienes diseñaron esta política nunca pensaron con seriedad en sus consecuencias sobre las poblaciones más vulnerables.
El argumento oficial para justificar el padrón de usuarios es la seguridad pública, en particular el combate a la extorsión telefónica. Es un problema real y devastador. Pero la lógica que sostiene la medida no resiste el menor escrutinio. Los grupos criminales que operan desde los penales o desde el exterior no registrarán sus chips a nombre propio: usarán identidades robadas, líneas de terceros, aplicaciones de voz sobre internet o simplemente cambiarán de número con la frecuencia que haga falta. El crimen organizado tiene recursos, movilidad y experiencia para eludir cualquier padrón. El ciudadano común, en cambio, no tiene manera de eludir la amenaza de quedarse sin servicio. La consecuencia práctica es que quienes terminan entregando sus datos son los que cumplen la ley, mientras que quienes la evaden son precisamente aquellos a quienes la ley pretendía alcanzar.
Combatir la extorsión exige inteligencia, investigación especializada, control real de los centros penitenciarios y desarticulación de las redes criminales: exige trabajo policial y de procuración de justicia. Exige perseguir delincuentes, no construir bases de datos de inocentes. Hay además una dimensión de largo plazo que merece atención particular. En 2024, el 83.1% de la población de seis años y más usó internet, y el gobierno federal ha articulado diversas iniciativas de servicios digitales, trámites en línea y gobierno electrónico que dependen, para funcionar, de que los ciudadanos estén conectados. Si el Estado desactiva las líneas de quienes no se registren, estará cerrando la puerta de entrada a esos mismos servicios públicos que tanto esfuerzo cuesta construir y que, en teoría, buscan acercar al gobierno a la ciudadanía.
No existe forma coherente de impulsar la digitalización del Estado y, al mismo tiempo, amenazar con la desconexión de millones de personas. Ambas políticas se anulan mutuamente, y la contradicción no es menor: revela que las distintas áreas del gobierno no hablan entre sí, o que hablan y simplemente no se escuchan.
Lo más preocupante, sin embargo, no es el registro en sí mismo ni siquiera su mal diseño operativo. Lo más preocupante es el precedente. Si el Estado puede condicionar el acceso a un servicio de telecomunicaciones — reconocido constitucionalmente como derecho — a la entrega obligatoria de información personal bajo amenaza de suspensión, habrá establecido un mecanismo que mañana podrá aplicarse a cualquier otro ámbito.
La seguridad pública es una necesidad legítima. Pero las democracias que se toman en serio a sí mismas construyen la seguridad persiguiendo a quienes delinquen, no tratando a toda la población como sospechosa. Un padrón obligatorio de 144 millones de líneas, administrado por instituciones que no han explicado con suficiencia cómo protegerán esos datos ni qué controles existirán sobre su uso, no es una herramienta de seguridad: es, potencialmente, una herramienta de control.
Y esa distinción importa, especialmente en un país donde la confianza en las instituciones del Estado sigue siendo frágil y donde los datos de los ciudadanos han sido vulnerados en repetidas ocasiones. La prórroga le da a este gobierno algunos meses más. La pregunta es si los utilizará para corregir una política fallida o simplemente para ejecutarla con más tiempo.
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