El gobierno mexicano quiere regular un espacio digital que desconoce y todavía no controla
Por Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, CyberOps Associate (CCNA CyberOps), Instructor Certificado en Ciberseguridad (CSCT™), NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE), (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC), EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) Certified, EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT), Ethical Hacking Certified Associate (EHCA), Cisco Ethical Hacker & Cisco Cybersecurity Analyst, Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro y Líder del Capítulo Querétaro de la Fundación OWASP.
Cada generación de gobernantes encuentra una justificación distinta para ampliar la capacidad regulatoria del Estado. Ayer fue la seguridad nacional, después la lucha contra la desinformación y hoy es la protección de la infancia y la inteligencia artificial. El argumento cambia; la tentación del poder permanece.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluido el Mundial de Fútbol de 2026, su administración abrirá un debate nacional para regular las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. La agenda, explicó, abordará la adicción de niñas, niños y adolescentes a los dispositivos electrónicos, los contenidos nocivos, el poder de las grandes empresas tecnológicas y la ausencia de un marco legal para la IA.
Los problemas existen. Negarlos sería irresponsable. Las plataformas digitales concentran un poder económico y comunicacional sin precedentes; los algoritmos condicionan el acceso a la información de miles de millones de personas; la inteligencia artificial avanza mucho más rápido que la capacidad de los Estados para comprenderla. México, además, llega tarde a una conversación que Europa, Estados Unidos y otras democracias llevan años desarrollando.
Sin embargo, reconocer la necesidad de discutir una regulación no implica conceder un cheque en blanco al gobierno para diseñarla.
Lo verdaderamente preocupante no es el diagnóstico, sino el contexto político e institucional desde el cual surge la propuesta.
La presidenta insiste en que el debate “no tiene nada que ver con la censura”. Es una aclaración necesaria, precisamente porque existe una razón para hacerla. Ningún gobierno que pretenda ampliar su margen de intervención sobre el flujo de la información admitiría que busca controlar el debate público. Todos hablan de protección, responsabilidad o derechos. La historia demuestra que las restricciones a las libertades rara vez comienzan presentándose como tales.
Las experiencias internacionales ofrecen suficientes lecciones. En distintos países, regulaciones impulsadas bajo la bandera de combatir la desinformación o proteger a los menores terminaron ampliando la discrecionalidad del Estado para decidir qué contenidos eran aceptables y cuáles debían ser limitados. No siempre ocurrió mediante censura directa; en muchas ocasiones bastó con generar incentivos regulatorios que empujaron a las propias plataformas a moderar contenidos con criterios ambiguos y poco transparentes.
Por eso resulta inquietante que la propuesta mexicana nazca envuelta en indefiniciones. Hablar de regular “de una u otra manera”, revisar algoritmos o intervenir sobre plataformas sin presentar principios constitucionales, límites jurídicos o mecanismos independientes de supervisión deja demasiado espacio para la discrecionalidad. Y cuando las normas son ambiguas, quien termina definiendo su alcance suele ser el poder político del momento.
Existe además un problema que el gobierno parece subestimar: su propia falta de capacidad técnica.
México no cuenta con una política nacional robusta sobre inteligencia artificial. Carece de instituciones especializadas con autonomía suficiente, de estándares claros para auditorías algorítmicas, de reglas modernas sobre transparencia tecnológica y de mecanismos efectivos para supervisar el uso gubernamental de estas herramientas. Aún así, diversas dependencias públicas ya incorporan sistemas automatizados en procesos administrativos sin que exista una arquitectura normativa integral que permita conocer cómo funcionan, qué riesgos generan o bajo qué criterios toman decisiones.
Resulta paradójico que un Estado que aún no ha logrado regular adecuadamente su propio uso de tecnologías emergentes pretenda colocarse ahora como árbitro del ecosistema digital.
Más preocupante aún es el déficit de confianza institucional.
Toda regulación de esta naturaleza exige que quienes la diseñan gocen de credibilidad suficiente para convencer a la sociedad de que actuarán con imparcialidad. Ese capital político no se decreta; se construye. Y difícilmente puede afirmarse que exista cuando buena parte del debate público de los últimos años ha estado marcado por la confrontación permanente entre el poder y sus críticos.
Las redes sociales representan hoy uno de los pocos espacios donde la conversación pública escapa parcialmente al control de las estructuras tradicionales de comunicación política. Son caóticas, imperfectas y frecuentemente tóxicas, pero también funcionan como un contrapeso frente a la narrativa oficial. Precisamente por ello, cualquier intento del Estado por ampliar su capacidad regulatoria sobre ese espacio debe ser recibido con un saludable escepticismo democrático.
No ayuda que la presidenta haya adelantado que el debate comenzará desde la conferencia matutina. “La Mañanera” es un eficaz instrumento de comunicación gubernamental, pero difícilmente puede considerarse el foro idóneo para construir consensos sobre una regulación que afectará libertades fundamentales, innovación tecnológica, competencia económica y derechos digitales. La elaboración de un marco legal de esta magnitud exige instituciones independientes, consultas abiertas, evidencia científica y especialistas de reconocido prestigio, no la lógica política de un espacio diseñado para fijar la agenda del Ejecutivo.
El fondo del debate tampoco debe perderse entre los discursos.
Las plataformas necesitan mayor transparencia. Los monopolios digitales merecen regulación. La inteligencia artificial requiere reglas claras. La protección de los menores es una obligación ineludible del Estado. Todo eso puede ser cierto al mismo tiempo.
Lo que no puede aceptarse es que esas causas legítimas sirvan como vehículo para ampliar la capacidad gubernamental de intervenir en la circulación de ideas sin controles efectivos. La línea que separa la regulación democrática del intervencionismo político suele ser mucho más delgada de lo que los gobiernos reconocen.
La pregunta central no es si México necesita regular la inteligencia artificial o las plataformas digitales. La respuesta es sí.
La verdadera pregunta es quién regulará al regulador.
¿Quién decidirá cuándo un algoritmo discrimina? ¿Qué órgano revisará las decisiones de la autoridad? ¿Qué garantías tendrán periodistas, académicos, ciudadanos y medios independientes frente a eventuales abusos? ¿Qué instancia impedirá que conceptos ambiguos como “contenido dañino”, “odio” o “desinformación” se conviertan en categorías moldeables según las prioridades políticas del gobierno en turno?
Hasta ahora no existen respuestas.
Y mientras esas respuestas no aparezcan, el anuncio presidencial merece más vigilancia que entusiasmo.
Las democracias maduras regulan para limitar el poder, no para concentrarlo. Si la futura legislación mexicana fortalece los derechos digitales, protege la innovación y establece contrapesos efectivos, habrá valido la pena. Pero si termina otorgando al Estado nuevas herramientas para influir sobre el espacio donde hoy circula la crítica, el debate y la pluralidad, México no habrá dado un paso hacia la modernidad regulatoria, sino hacia una versión digital de un viejo impulso del poder: controlar aquello que todavía no consigue dominar.
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